El auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que suspende de forma cautelar la prohibición del velo integral en los edificios de Lleida de titularidad municipal reabre el debate sobre la justificación política, la oportunidad social y la consistencia legal de una norma que afecta a la comunidad musulmana. Porque aunque el recurso presentado contra la disposición municipal es una iniciativa de la asociación minoritaria Watani, la discusión no se ha circunscrito al ámbito del islam conservador. Por el contrario, al seguir otros municipios los mismos pasos de Lleida, ha ocupado cada vez espacios mayores sin que, en ningún caso, las limitaciones al uso del velo integral hayan dado pie a episodios preocupantes de quiebra de la convivencia.
La principal razón de que las cosas hayan ido así es el uso muy minoritario del niqab, el velo integral que esporádicamente puede verse en España. También tiene que ver con la moderación municipal en la aplicación de la norma y, en no menor medida, con la disposición de la mayoría de la comunidad musulmana a no agitar las aguas.
Se entiende que, en este clima, el TSJC haya optado por la suspensión de la norma para evitar un daño irreversible en el ejercicio de los derechos fundamentales de aquellas mujeres que visten niqab si, como resultado del recurso, el tribunal diese la razón a la asociación Watani. Desde luego, es del todo legítimo sostener que el uso del niqab es un signo limitativo de los derechos individuales de la mujer, pero, al mismo tiempo, se puede fundamentar sensu contrario que, cuando se trata de una opción libremente adoptada, la prohibición de su uso coarta la libertad. De ahí la prudencia de los magistrados.
La misma prudencia alumbra la convicción del tribunal de que con la correcta aplicación de las leyes en vigor queda preservado el derecho de las autoridades a identificar a los ciudadanos y de que, en consecuencia, la suspensión cautelar no afecta a la seguridad. Todo lo cual no debe ocultar el hecho de que el integrismo islámico mantiene en Lleida un pulso con las instituciones y estas tienen el deber de preservar el orden jurídico, la autonomía de las mujeres y las normas de convivencia de un Estado democrático.
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